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LA MAYORÍA DE LOS ACUSADOS HA SIDO DESCARGADA POR
INSUFICIENCIA DE PRUEBAS
SANTO DOMINGO.-
En los últimos tres períodos de gobierno los escándalos de
corrupción en la administración pública han estado a la
orden del día, pero la mayoría de los involucrados han sido
favorecidos con descargos y no ha lugar por “insuficiencia
de pruebas”, y otros casos aún están en los tribunales.
Al revisar las informaciones publicadas por los periódicos
se puede percibir que las denuncias de corrupción centraron
la opinión pública durante los últimos 11 años, pero las
condenas han sido escasas, y en algunos casos donde hubo
sanciones, fueron revocadas en segundo grado, es decir, en
apelación.
Como elemento común, los sometimientos a la justicia por
alegados actos de corrupción corresponden a funcionarios de
gobiernos que antecedieron al que persigue el acto ilícito.
Ese aspecto ha sido utilizado por los involucrados y los
partidos a los que pertenecen para calificar el sometimiento
o la denuncia como política, con lo cual generalmente van
perdiendo fuerza y credibilidad.
Pocos han sido los sometimientos a la justicia realizados en
el mismo gobierno en que se incurre en la acción que se
considera irregular, dando la impresión de que no ha habido
voluntad para investigar y sancionar a los responsables.
Todo esto pasa en una nación que acaba de ser ubicada en el
lugar 99 entre 180 países del mundo más corruptos, según
medición de la organización Transparencia Internacional.
Tanto en esta administración como en las anteriores ha
habido denuncias de corrupción que se han quedado en las
portadas de los medios de comunicación.
En julio de este año LISTÍN DIARIO publicó una información
en portada sobre mal manejo de fondos en la Refinería
Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y en la Tesorería de la
Seguridad Social (TSS).
En ambos casos, el Departamento de Persecución de la
Corrupción Administrativa (DPCA), antiguo Depreco, interrogó
a varias personas, pero se han quedado estancados en
auditorías solicitadas a la Cámara de Cuentas, cuyos
resultados no han sido revelados.
Otra denuncia de irregularidades en la administración
pública recogida en los medios de comunicación fue el
alegado desvío de recursos por valor de 90 millones de pesos
en el pago a los pensionados de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional.
Escándalos 2004-2007
Estafa con visas
Uno de los casos más recientes de denuncias de corrupción
involucra a funcionarios y empleados de la Secretaría de
Trabajo. La ex directora del departamento de Recursos
Humanos de esa institución, Doris Altagracia Vargas, fue
acusada, junto a su esposo y a una asistente del despacho de
la Subsecretaría de la entidad, de formar parte de una red
que se dedicaba a la venta de visas para viajar a España y
Canadá. La querella fue presentada por Tomasina Bienvenida
Toledo, Andrea Pichardo, Luz del Pilar Diven, Juan Abreu
Pérez y Fabio Augusto Matos Beltré, quienes alegan fueron
estafados con más de dos millones de pesos, bajo la promesa
de viaje seguro.
Del caso está apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, que el pasado miércoles intimó a la
Fiscalía del Distrito Nacional para que presente una
acusación en un plazo de 10 días en contra de los acusados.
La jueza Claribel Nival Arias fijó para el 8 de octubre el
conocimiento de la solicitud de extinción de la acción
penal.
Fraude en Finanzas
Durante esta gestión de gobierno que encabeza el presidente
Leonel Fernández fueron sometidos a la justicia 9 empleados
de la Secretaría de Hacienda (antigua Secretaría de
Finanzas), implicados en irregularidades por más de 26
millones de pesos en la administración de los fondos de los
pensionados.
Del expediente está apoderado el Quinto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional. A los involucrados se
les impuso medidas de coerción, pero luego el tribunal dio
una prórroga al Depreco para seguir investigando.
Están incluidos en el expediente Servio Tulio Surcar
Liriano, director del Departamento de Pensiones; y la
subencargada Isabel María Soto, así como Angel José Castro,
encargado de Nómina Electrónica, Sandy Joel Castro, pagador
externo, Leonardo Alberto Rodríguez, encargado de la
División de Desarrollo y Sistemas del Departamento de
Informática, y Evelín Guzmán Soto, técnico de la sección de
Pagos.
Desfalco en la CREP
Otro expediente llevado a la justicia en este gobierno fue
el del director de la Comisión de Reforma de la Empresa
Pública (CREP), Alberto Alcántara Lugo, junto a otros
colaboradores, quienes fueron descargados por el Cuarto
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La acusación consistió en el supuesto desfalco al Estado por
más de 27 millones de pesos. El DPCA hizo el sometimiento
el 31 de enero del 2006.
Soborno en Desarrollo Fronterizo
Un único caso perseguido en este gobierno que terminó con
condena involucró al entonces director de Desarrollo
Fronterizo en esta administración, Yorman Rafael Vásquez,
acusado de recibir soborno. Vásquez fue condenado a tres
años de prisión en primer y segundo grado, cuya sentencia
fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Yorman fue sometido a la justicia por el DPCA después que el
director de Aduanas, Miguel Cocco, denunció que el prevenido
había recibido 250 mil pesos y un cheque por 50 mil pesos a
nombre de Aniana Rivas, para que solicitara la salida de un
cargamento de mercancías de Aduanas.
Sometimientos de funcionarios gestión 2000-2004
Durante este período de gobierno fueron introducidos a la
justicia más de 10 expedientes de corrupción que
involucraron a funcionarios de la administración de Hipólito
Mejía, que han concluido, en su mayoría, con descargos.
Invernaderos
El más reciente caso concluido en los tribunales fue el de
los invernaderos.
El 19 de julio de este año, el Segundo Tribunal Colegiado
del Distrito Nacional declaró no culpables a los ocho
acusados de presuntas irregularidades en la compra y
distribución de 51 invernaderos.
Fueron favorecidos con esa decisión el ex secretario de
Agricultura, Eligio Jáquez, José Fabelo Medina, Andrés y
Fausto Escarramán, Sergio Uribe, José Sánchez Reyna, Regino
Valero de los Santos y Leonardo Francisco Sosa. El caso
estaba en los tribunales desde el 2005.
Bonos soberanos
Un caso que sonó mucho fue la acusación por presunto fraude
por más de 2,000 millones de pesos en el uso de los bonos
soberanos durante la gestión de Mejía presentada contra el
ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales, César Sánchez. La decisión final dada
el 2 de febrero del 2007 por el Primer Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, consistió en la
exoneración del funcionario de responsabilidad penal, por
considerar que no cometió los hechos que se le imputaban. El
ex funcionario fue sometido a la justicia el miércoles 8 de
marzo por el DPCA.
Ex director OMSA
Otro que también recibió descargo fue el ex director de la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA),
Diógenes Castillo, quien fue sometido a la justicia en mayo
del 2006, acusado de falsificar, junto con Juan Isidro
Contreras y el cambiador de cheques Roberto de Jesús
Almánzar, los sellos de la compañía Breica para cambiar un
cheque por valor de ocho millones de pesos.
Plan Renove
Otros favorecidos con descargos fueron los 12 ex
funcionarios y colaboradores en el gobierno de Hipólito
Mejía involucrados en supuestas anomalías en la compra y
distribución de vehículos a través del Plan Renove.
Todavía el caso está en los tribunales, pero en apelación,
debido a que el 20 febrero del 2007 el DPCA recurrió ante la
Tercera Sala de la Cámara Penal la sentencia que descargó a
los acusados, emitida el lunes 6 de febrero del 2006.
El expediente fue sometido por el DPCA en noviembre del
2004. Están involucrados Pedro Franco Badía, Milciades Amaro
Guzmán, Fabio Ruiz Rosado, Casimiro Antonio Marte, Gervasio
de la Rosa, Blas Peralta, Paulino Antonio Reynoso (padre
Toño), Francisco Antonio Pérez, Freddy Méndez y Alfredo
Antonio Linares. También Siquió Ng de la Rosa, Jhonny
Morales, Ramón Emilio Jiménez y Diógenes Castillo.
Ex procurador
El ex procurador Víctor Céspedes fue descargado en primer y
segundo grado de la acusación de presunta prevaricación y
desfalco por RD$3.3 millones en perjuicio del Estado por la
asignación de manera irregular de un caso para representar a
la Procuraduría en un recurso de amparo incoado por los
abogados de la Editora Listín Diario, quienes reclamaban su
devolución a sus legítimos dueños.
También fue archivado por la Fiscalía el expediente de la
acusación contra Céspedes por presuntas irregularidades en
la venta de indultos a presidiarios de distintas cárceles.
Vehículos robados
Unos 34 oficiales policiales que estaban acusados de
incurrir en prevaricación en la administración de vehículos
que habían sido robados y recuperados por la Policía,
también fueron descargados.
Entre los absueltos están Ovalle Concepción, el ex jefe de
la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, Valentín Rosado
Vicioso, Félix Amaury Díaz, Luis Antonio Marte Martínez,
Eurípides Luna Pérez, Ramón Girón Alcántara y Eduardo
Herrera,
Caso de los Chinos
El diputado Radhamés Ramos García fue condenado en marzo del
2005 a un año y seis meses de prisión correcional por la
Suprema Corte de Justicia, por haber sido encontrado
culpable de violar la ley 344-98 sobre tráfico de ilegales,
cuando era cónsul dominicano en Cabo Haitiano. Después de
evadir su apresamiento por gozar de inmunidad parlamentaria,
Ramos García se entregó a la justicia y salió luego en
libertad tras cumplir condena.
El escándalo se destapó en el 2002, pocos meses antes de ser
electo diputado por la provincia La Vega. Fue sometido a la
justicia el 15 de julio del 2002 por el Depreco.
Ex director Migración
El ex director de Migración, Miguel Vásquez, fue condenado a
dos años de prisión. Luego apeló la sentencia. El caso está
pendiente de conocerse en segundo grado. Ahora Vásquez es
diputado por Salcedo, a cuya posición llegó teniendo
pendiente asuntos judiciales.
El 3 de septiembre del 2004 el Segundo Juzgado de
Instrucción del Distrito Nacional lo envió a un tribunal
criminal junto con el encargado de Investigaciones de
Migración, teniente coronel Francisco Eladio Bloise Olmeda,
acusados de despojar a dos orientales chinos de 44 mil
dólares cuando fueron apresados junto al ex cónsul en Cabo
Haitiano y diputado Radhamés Ramos García.
Bienes Nacionales
En el mismo gobierno de Hipólito Mejía fue sometido a la
justicia el entonces director de Bienes Nacionales, Víctor
Tió, acusado de vender terrenos en forma irregular de más
de tres mil metros cuadrados a precios irrisorios para
favorecer a un grupo de allegados al titular del organismo.
Tió fue destituido del cargo y enviado a la cárcel de
Najayo junto con más de una docena de colaboradores. Tió fue
condenado a tres años de prisión, apeló esa decisión y la
Corte de Apelación revocó la condena y lo envió al Tercer
Tribunal Colegiado donde se conocerá nuevamente.
Sometimientos funcionarios de la gestión 1996-2000 caso peme
Hace siete años se ventila en los tribunales el caso del
Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) que existió
durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández
(96-2000), sin que haya habido un fallo definitivo.
El expediente es conocido por el Segundo Tribunal Colegiado
del Distrito Nacional. Son procesados judicialmente Luis
Ynchausti, su hermana Grecia Peguero y León López Mata.
Inicialmente fueron incluidos Diandino Peña, Ng Cortiñas,
Simón Lizardo y Camacho Ovalle, pero fueron excluidos del
expediente el 3 de abril del 2007, a solicitud del
ministerio público. La continuación del juicio a Luis
Ynchausti, su hermana Grecia Peguero y León López Mata está
fijada para noviembre próximo
La magistrada Esther Agelán Casasnova fue apoderada del caso
el 27 de noviembre del 2001. La acusación consistió en
alegado desfalco de 1,427 millones de pesos en perjuicio del
Estado a través del PEME.
Carretera Vallejuelo
Otro expediente que llegó a los tribunales fue contra el ex
director de la Oficina Coordinadora de Obras del Estado,
Félix Bautista, acusado de la sobrevaluación en más de 50
millones de pesos de la carretera San Juan-Vallejuelo.
Bautista fue enviado a juicio de fondo, pero la Corte de
Apelación lo favoreció con un no ha lugar. |