Por: R. Osiris de León
Geofitec@codetel.net.do
La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, el pasado jueves 06 de diciembre de 2007, mediante la cual rechaza la solicitud de suspensión de la sentencia 24-2007 emitida por el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, en fecha 27 de abril de 2007, y en la cual se ordenaba al Gobierno y a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) a entregar al periodista Huchi Lora los estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos para la construcción del Metro de Santo Domingo, es un digno ejemplo de que la justicia dominicana puede manejarse de forma independiente a los demás poderes del Estado Dominicano y un digno ejemplo de que el interés social debe estar siempre por encima del interés particular del Presidente de la República y por encima del interés irracional de algún funcionario público.
El periodista Huchi Lora había invitado a su popular programa matutino de
televisión a los ingenieros Diandino Peña y Osiris de León, para debatir
sus opuestos puntos de vista sobre la controversial construcción de un
Metro subterráneo que no había sido debidamente estudiado, ni
planificado, ni presupuestado, ni aprobado por la población, pero como
el Ing. Peña, Secretario de Estado y Director de la Obra, no respondió
la invitación, su lugar en el escenario del debate televisivo fue
ocupado por el Ingeniero químico Adolfo Cedeño, Presidente del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), una
institución que conforme a la Ley 6160 es Guardián del Interés Público.
Durante el debate, el Ing. Geólogo Osiris de León, con amplia experiencia en estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos, dijo que el Metro se construía sin hacer estudios de geo-resistividad eléctrica para detectar las zonas cavernosas y los bolsones arcillosos existentes en la ruta programada; que no se hicieron los estudios de geo-radar para detectar la presencia de tuberías soterradas ni de cavernas cercanas a la franja de construcción para la obra, que no se hicieron estudios de refracción sísmica para determinar las velocidades de propagación de las ondas sísmicas al momento de un terremoto y que no se hicieron análisis para calcular las aceleraciones sísmicas esperadas en los suelos arcillosos de la comunidad de Villa Mella, donde el Metro va sobre un viaducto elevado, y que todas esas informaciones eran necesarias para una obra destinada al transporte masivo de pasajeros en un país de muy alto riesgo sísmico que ya en el año 1946 sufrió un devastador terremoto de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter y que algo similar puede volver a ocurrir en el corto plazo.
Todo lo dicho por el Ingeniero geólogo Osiris de León fue refutado por el Ingeniero químico Adolfo Cedeño, quien se atrevió a decir públicamente que todos esos estudios habían sido realizados (sin saber nada de lo que estaba hablando), lo que motivó al periodista Huchi Lora a solicitar a la OPRET una copia de los estudios supuestamente realizados y una copia de los planos aprobados por la Secretaría de Estado de Obras Públicas para la construcción de esa obra, pero la OPRET respondió de manera escrita que no podía entregar esas informaciones por razones de seguridad nacional, y fue entonces cuando el periodista Lora, auxiliado por las brillantes abogadas Laura Acosta Lora y Melissa Sosa, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, conforme a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, tribunal que falló ordenando a la OPRET entregar todos los estudios y planos solicitados por Huchi.
Fue
entonces cuando el Ing. Diandino Peña admitió públicamente, en el mismo
programa televisivo de Huchi Lora, que esos estudios no habían sido
realizados, y que la OPRET contaba con otros estudios que estaban
sustentados en sondeos mecánicos, no sin antes intentar demostrar que
los estudios de refracción sísmica no podían realizarse porque se hacen
en tramos rectos y el metro es curvo, lo cual provocó risas de parte de
la población porque todo el mundo sabe que la avenida Máximo Gómez es
una larga recta y que la avenida Correa y Cidrón es otra recta.
Diandino también dijo que los estudios de geo-radar no fueron realizados porque fueron sustituidos por el sistema de cateo (excavación con pico y pala) lo que también provocó risas de parte de la gente, por tratarse de una ridícula afirmación expresada por un profesional de la ingeniería que dirige la obra pública más cara del país. Porque a quién se le ocurre, en pleno siglo XXI, sustituir el moderno método científico del geo-radar por un prehistórico método artesanal rural.
Al verse acorralado por una sentencia que le ordenaba entregar los estudios que no tenía, Diandino buscó ayuda del Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, abogado de profesión, quien dijo públicamente en un almuerzo del grupo Corripio, que el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo no debió aceptar el recurso de amparo interpuesto por Huchi Lora, por tratarse de informaciones de seguridad nacional, y que el caso sería llevado ante la Suprema Corte de Justicia, y para tal efecto instruyó al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien, atendiendo al deseo del Presidente y de la OPRET, pidió a la Suprema Corte de Justicia rechazar la sentencia 24-2007 del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
Sin
embargo, la
Suprema Corte de Justicia actuó con la independencia de rigor, y al
darse cuenta que los estudios solicitados constituyen una información
que debe ser de dominio público, rechazó la solicitud del Gobierno y de
la OPRET, lo cual constituye una contundente victoria para Huchi Lora y
sus abogadas, una victoria de la Ley 200-04, de libre acceso a la
información pública, una victoria de la prensa dominicana, una victoria
para quienes hemos pedido que la obra sea construida con la debida
transparencia técnica y económica, y una victoria de toda la sociedad
dominicana que ha respaldado todos nuestros planteamientos relativos a
los problemas que envuelven la construcción del Metro por la falta de
los estudios adecuados, porque tal y como ha escrito el prestigioso
comunicador Manuel Quiterio Cedeño, “Sólo un anormal podría creer que la
divulgación de los estudios geológicos y otros documentos de ingeniería
puede poner en riesgo la seguridad del Estado o del Metro” (El Caribe,
08 diciembre, 2007).
Pero es necesario subrayar que la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia constituye también una gran derrota para el Ing. Diandino Peña y sus abogados; una derrota para la OPRET y todo su equipo de comunicación encabezado por Leonel Carrasco, Pedro Caba y Namphi Rodríguez, así como los periodistas que permanentemente defienden el Metro como German Martínez, Orión Mejía, José Laluz y Luisín Mejía, entre otros; una fea derrota para el CODIA que mintió a todo el país al decir que había visto todos los estudios y que estaban correctos (incluyendo los estudios geofísicos que no existen) y pidiendo públicamente que los documentos del Metro fuesen mantenidos resguardados por asuntos de seguridad nacional (para que no se les entregaran a Huchi Lora); una derrota para la Procuraduría General de la República y una gran derrota política y profesional para el Presidente abogado Leonel Fernández, ya que la Suprema Corte de Justicia les ha dicho a todos juntos que nadie está por encima de la Ley, que el Presidente de la República está flojo en materia de derecho y que una obra pública que se construye con fondos públicos debe ser de dominio público.
De todos modos ya se advierten señales muy interesantes, porque el Dr. Antonio Delgado, uno de los abogados de la OPRET para este caso, ha dicho públicamente que hay algunos documentos pedidos por Huchi Lora que no existen (reconfirmando que Diandino, Leonel Carrasco y el CODIA mintieron permanentemente al decir que todos los estudios habían sido hechos pero que no podían entregarlos por razones de seguridad nacional), y que se le entregarán “otros similares, que al decir de los técnicos que asesoran a la Opret, ofrecen mejores garantías y más seguridades”. Delgado ha dicho que entregará los planos y estudios geotécnicos, que cubren las mismas necesidades que los que ha pedido Huchi, y que se le entregarán aquellos estudios que son pertinentes y necesarios para la construcción de este proyecto, así como los planos de la obra y con ello quedaría ejecutada totalmente la decisión dictada por los jueces de amparo en su momento.
Ahora ha quedado en evidencia que los asesores de la OPRET en materia de geología, geofísica y geotecnia deberán revisar sus metodologías de estudios y sus recomendaciones, porque todo cuanto advertimos que ocurriría por falta de adecuados estudios se ha cumplido al pie de la letra, no obstante que en cada caso las autoridades de la OPRET y sus periodistas habían negado lo dicho por nosotros, y podemos recordar que “dijimos que iban a tener derrumbes en los suelos arcillosos de la zona norte y en los suelos arcillosos y arenosos de la zona universitaria y así fue; dijimos que iban a tener problemas con las aguas subterráneas de la zona universitaria y así fue; dijimos que encontrarían cavernas y así fue; dijimos que la Av. marginal al río Isabela no era tal avenida sino un botadero de caliche y que se inundaría con las crecidas del río y que se hundiría gradualmente, y así ha sido; dijimos que el Metro se inundaría con las fuertes lluvias, y la reciente tormenta Noel lo ha confirmado, y hasta el día de hoy se le ha impedido a la prensa visitar los túneles inundados, pero lo que más repetimos durante dos años fue que no tenían estudios geológicos, ni geofísicos, sino simplemente sondeos, y aunque siempre lo negaron, ahora, frente a un mandato de la sentencia judicial 24-2007, del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, y frente a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ha quedado demostrado, porque ha sido admitido por el abogado de la OPRET, que esos estudios nunca fueron hechos. El país debe pedirle cuentas a la OPRET, a Diandino, al CODIA y al presidente Leonel Fernández, por haber mentido deliberadamente, poniendo en peligro a los futuros usuarios de una obra subterránea para transporte masivo de pasajeros, la cual ha sido diseñada, construida y supervisada por personas que nunca en su vida habían diseñado, ni construido un metro y eso es lo que explica la gran cantidad de errores que se han cometido en la obra, porque Diandino Peña, Leonel Carrasco y Juan Ruiz, principales responsables de esta obra, no tienen ninguna experiencia previa en Metros, y habría que ser muy loco para montarse en una obra subterránea construida por gente inexperta y de un nivel profesional inferior al promedio, que no sabe distinguir entre geología, geofísica, geotecnia y mecánica de suelos, y sobre todo porque vivimos en un país donde las normativas para estudios de suelos son obsoletas, lo que se confirma porque cada vez que llueve intensamente se caen o se dañan entre 20 y 60 puentes, lo que no ocurría en la era del tirano, porque quien se equivocaba en esa era pagaba bien caro su osadía de hacer cosas de mala calidad
Felicitamos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los jueces
del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, al periodista Huchi Lora, a sus dos abogadas, a todos los periodistas que siempre
apoyaron a Huchi y a todos los dominicanos que le han dicho a Diandino
Peña y a Leonel Fernández que ellos no son dueños de ninguna obra
pública y que por tal motivo toda la documentación es de interés
público. Leonel Fernández, Diandino Peña y el CODIA han sido
vergonzosamente derrotados por la verdad, por la justicia, por la razón
y por gran parte de la población.
El autor es ingeniero geólogo, coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias.