Del Nacional de Ahora.

POR JOSE MIGUEL MONTERO
El presidente Leonel Fernández restó ayer legitimidad a un grupo de profesionales que emitió un informe sobre una investigación que por propia iniciativa hizo sobre la forma en que se desagüó  la presa de Tavera en diciembre pasado y que provocó graves daños en Santiago y parte de la Línea Noroeste.

Sostuvo que a ellos nadie le dio facultad ni poder para autoatribuirse el papel de fiscalizadores.

El presidente Fernández habló del tema a propósito de una pregunta de César Medina, en torno a la investigación de los ingenieros Rafael Corominas Pepín, Orlando Franco, Osiris de León, Ervin Vargas, Luis Peña, Danilo González, Rolando Martínez y Roberto Suriel, así como los periodistas Carlos Manuel Estrella y José Devárez, además del sociólogo Emmanuel Castillo.

Según las conclusiones del grupo, hubo negligencia en el manejo de la presa la noche del 12 de diciembre, cuando fue desfogada por la intensidad de las lluvias provocadas por la tormenta Olga.

“Yo siempre entiendo el problema de la legitimidad. Quién les dio facultades y poderes a ellos para autoatribuirse el papel de fiscalizadores de nada. Es un problema de legitimidad”, expresó Fernández durante su comparecencia ayer al programa “Hoy Mismo”, de Color Visión, Canal 9.

Destacó que hay una comisión oficial multisectorial investigando el hecho y en la que dijo hay representantes del sector privado y profesionales calificados, por lo que no ve razón por la que no se pueden esperar esos resultados.

La comisión creada por el Gobierno la integran el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino García, el Centro de Operaciones de Emergencias, el Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) y profesionales del Colegio  Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), así como personalidades de Santiago.

Fernández dijo que a menos que se quiera politizar el caso, no ve razón para adelantarse a una opinión.

“Yo siempre voy al tema de la legitimidad. Bueno, y de donde emana la facultad para autoatribuirse el poder de discernir qué pasó y qué no pasó”, enfatizó el gobernante.

Reconoció que como en toda democracia el grupo tiene derecho a emitir una opinión, pero consideró que no ve porqué hay  que considerar que su opinión es válida.

“Permítame tener el derecho por lo menos a escrutar lo que usted ha presentado y no me lo imponga como que esa es la verdad absoluta y que no hay derecho al disenso”, dijo.

Fernández agregó que no puede opinar del caso en un sentido ni en el otro, porque está a la espera de la investigación de la comisión a la que se le concedió un plazo de 90 días para que presente sus conclusiones.

“Yo no puedo prejuiciarme y decir si hubo falla o no hubo falla. Esperemos”, recomendó.

Consideró que si hubo fallas entonces se tomarían medidas “por si esas fallas fueron intencionales, negligencia imputable. Pero yo no sé si las hubo”.